La reforma del Código Penal, planteada por el Gobierno para eliminar el delito de sedición y modificarlo por uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de la pena máxima de 15 a 5 años de prisión, sigue cumpliendo etapas y este viernes se ha acabado el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas al articulado del texto.
Ha sido el propio Gobierno el que más ha sorprendido al presentar dos enmiendas para acabar con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional (TC), especialmente a los dos puestos que corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera de estas enmiendas, que conlleva reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, va destinada a cambiar la mayoría de tres quintos que deben sumar los candidatos para ser designados. Con la nueva propuesta bastará con que haya mayoría simple. Además, establece un plazo máximo al CGPJ de cinco días hábiles para cumplir con su mandato de designar a los magistrados elegidos y se añade una cláusula para que quien siga bloqueando el proceso incurra en responsabilidades “de todo orden, incluida la penal”.
La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional. Establece que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los jueces designados por el Gobierno y el CGPJ, “uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional”, y suprime la verificación de los magistrados propuestos al TC por parte del propio TC como hasta ahora. Esta labor para comprobar que los magistrados elegidos cumplan con los requisitos quedará ahora en manos del Gobierno, el Congreso, el Senado y el CGPJ.
Como cuando se aprueben ambas enmiendas el Ejecutivo conseguirá desbloquear las designaciones como nuevos miembros del TC de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de Laura Díez, exdirectora general de Presidencia, las reacciones desde la oposición no se han hecho esperar.
Ciudadanos y VOX plantean una moción de censura
Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha reaccionado fervientemente asegurando que “continúa el golpe de Sánchez al Estado de Derecho” y que “España no tiene un presidente del Gobierno, tiene a un aprendiz de dictador al que tenemos que pararle los pies democráticamente”, además de añadir que “vivimos días muy graves” y que “es imposible resumir todos los ataques que ha hecho Sánchez al Estado”.
En este sentido, la líder de los liberales ha mencionado alguno de estos ataques asegurando que a Sánchez “le hemos visto controlar las televisiones públicas, cómo ha amedrentado y controlado a los jueces, cómo ha echado a la directora del CNI y al director de EFE, cómo ha intervenido absolutamente el CIS para que parezca la secretaría de comunicación del PSOE o cómo ha intervenido el Tribunal de Cuentas para hacerlo más cercano a las tesis separatistas”. En rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha vuelto a insistir en plantear una moción de censura de manera urgente y la necesidad de un “plan de recuperación de la calidad democrática” ya que “los únicos que se han beneficiado desde que gobierna Sánchez son los terroristas, los sediciosos y los corruptos”.
También se ha sumado a la idea de la moción de censura Santiago Abascal. A través de un vídeo, el líder de VOX, ha anunciado que su formación iniciará conversaciones para presentar un candidato neutral, sin participación política y que convoque elecciones generales inmediatamente. “Nueve de diciembre de 2022, el señor Sánchez ha iniciado un nuevo ataque a la Constitución”, dice el líder del partido de ultraderecha, ademas de añadir que esta reforma del Gobierno “ultima el asalto al poder judicial, liquidando los últimos vestigios de la separación de poderes en España”.
El PP no se queda callado
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha anunciado a través de Twitter que su formación, ante lo que considera un “asalto” al TC, presentará los recursos de inconstitucionalidad que procedan, denunciará ante la Unión Europea la toma de las instituciones, y que cuando ellos gobiernen derogarán todas las medidas que desprotejan al Estado además de volver a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción. En relación a las últimas actuaciones del Ejecutivo, Feijóo ha sido contundente en la red social: “Sedición, malversación, asalto al TC… El Gobierno recrudece contrarreloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de Derecho. Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale”.
En esta misma línea se ha pronunciado Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que ha declarado que con estas medidas, con las que Sánchez pretende “copar el TC con quienes han sido ministros o asesores en Moncloa”, dan la razón al PP en su decisión de romper las negociaciones para renovar el CGPJ. Asimismo, ha insistido en que el PP no se va a “quedar callado” mientras “asistimos a la materialización del asalto al Estado de Derecho y las instituciones del Estado”, ya que “lo que hay detrás es la ausencia de límites por parte de Pedro Sánchez con tal de permanecer en el poder”.
Reforma de la malversación
Otra de las enmiendas que más ampollas está levantando es la presentada por ERC para reformar el delito de malversación y castigar con menos años de prisión a quienes cometan este delito pero no se enriquezcan a nivel personal.
Las penas por malversación contempladas en el artículo 432 del Código Penal van de los 2 a los 6 años de cárcel e inhabilitación para cargo público y el ejercicio de sufragio pasivo de 6 a 10 años a «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público”. Este artículo determina que “serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
Pues bien, la propuesta de los republicanos catalanes consiste en crear un nuevo artículo 432 bis que establecería que “la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 3 años, y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 4 años”.
Con esta propuesta de modificación del delito de malversación que desde ERC han calificado como “quirúrgica”, la formación independentista asegura que “se evitará que el Estado vuelva a utilizar el delito de malversación de forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista, a la vez que evitará, también, que la reforma pueda ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción». Por su parte, Miriam Nogueras, diputada de Junts en el Congreso, ha criticado la iniciativa de ERC al considerar que aceptar una rebaja de penas supone volver al marco que impulsó el PP con la reforma de dicho delito en el 2015, y ha insistido en que “si no hay elemento de lucro, hacer política no es delito”.
