Se cumple un mes del intento del golpe de Estado en Brasil y mañana hará cuarenta días que se inició el tercer mandato del presidente Luiz Inázio Lula da Silva. Un comienzo de año y de presidencia muy movido en el mayor país de Suramérica. La sombra del expresidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, sigue presente y amenazante, a pesar de que se ‘exilió’ en Estados Unidos. La asonada y la rápida e inesperada respuesta de repulsa que encontró en las calles han reforzado a Lula que en un mes ya ha acometido grandes reformas sociales, económicas y medioambientales.
Las evidencias señalan cada vez de forma más certera a la implicación de Jair Bolsonaro en el asalto al Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el 8 de enero de 2023. La Corte Suprema ha incluido al expresidente en la lista de investigados por el asalto ya que se han encontrado evidencias de la implicación de sus colaboradores en la trama golpista.
Lula da Silva ha señalado como responsable del golpe a su antecesor, al que se refirió como “ese ciudadano”. Por su parte el expresidente brasileño sigue escondido en Florida, a donde viajó días antes del traspaso de poder a Lula. Allí ha pedido renovar su visa de turista para quedarse más tiempo, sin embargo, ha declarado su intención de seguir activo en la política brasileña.
Entre las pruebas que cercan a Bolsonaro están los documentos encontrados en casa de Anderson Torres, su exministro de Justicia y secretario de seguridad en Brasilia cuando se produjo el asalto. Se hallaron papeles preparados para decretar el «Estado de Defensa”. Este es un instrumento previsto en la Constitución Brasileña para preservar o restablecer el orden público. El extitular de Justicia está en prisión preventiva.
Pero el indicio más sólido de la implicación de Bolsonaro lo ha facilitado el senador de la República Marcos do Val. El político declaró en rueda de prensa la semana pasada que un asesor del exmandatario le invitó a participar en la conspiración para evitar la toma de posesión de Lula. En esta reunión, celebrada el 9 de diciembre, asegura do Val que estaba presente Bolsonaro. En una de las versiones dadas por el senador, fue el propio entonces aúnpresidente el que le hizo la proposición.
El senador había denunciado ya en las redes y en entrevistas, aunque luego se desdijo, este intento de que participase en el plan. Su papel habría consistido en grabar al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en declaraciones comprometidas que hubiese propiciado su detención. Como presidente del Tribunal Superior Electoral, Moraes fue el encargado de parar todos los recursos que apuntaban a que hubiese habido fraude en las urnas que llevaron a Lula a la presidencia.
Asalto orquestado y financiado
El 8 de enero, miles de seguidores de Jair Bolsonaro rompieron la acampada, supuestamente pacífica, frente al cuartel general del Ejército en Brasilia (que también se había producido en otros cuarteles de todo el país) y asaltaron la sede de los tres poderes en la explanada de los Ministerios de la capital.
“En una acción meticulosamente planificada –y con la connivencia de las fuerzas de seguridad de la capital federal– invadieron simultáneamente la el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Clamaban por la intervención militar que acabase con el resultado de las urnas”, cuenta la abogada brasileña Graciela Mafalda desde Porto Alegre a Crónica Libre.
Aquello interrumpió lo que parecía un pacífico domingo, aún con la resaca de las celebraciones de la toma de posesión de Lula, hacía apenas una semana. “Comenzamos a seguir por TV y redes sociales el salvajismo de los extremistas, quienes, sin vergüenza alguna, vandalizaron edificios públicos y destruyeron obras de arte del patrimonio nacional. Exhibicionistas y orgullosos, se auto grabaron y compartieron sus ‘logros’ en tiempo real”, recuerda la letrada desde Porto Alegre.
La turba causó daños valorados en más de 20.000.000 de reales brasileños (en torno a 3,6 millones de euros). “Un dinero que saldrá de las arcas públicas –señala a Crónica Libre Halikan Dias, exdirector de la Compañía Estatal de Distribución de Energía Eléctrica y ahora funcionario retirado–. El intento de golpe fue financiado por empresarios de varias partes del país, muchos de los golpistas llegaron a Brasilia con todos los gastos pagados por ellos”.
La reacción ante el asalto –que tanto recordó a lo sucedido en Washington hacía justamente dos años y dos días antes–, se hizo esperar unas largas horas, pero llegó. “El Gobierno de la nación, decretó la intervención federal en la capital, arrestó a miles de golpistas y el STF (ordenó la destitución del gobernador [del Estado Federal del Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha]. Un día después, se produjo una gran manifestación de unidad y defensa del estado democrático de derecho y del presidente Lula”, añade Graciela Mafalda.
Apoyo en la calle y en la justicia
La masiva, e inesperada, respuesta en las calles de todo Brasil, fortaleció la figura del recién nombrado presidente. “Los golpistas fracasaron porque al día siguiente los brasileños salieron a las calles pidiendo el respeto al resultado de las urnas; prisión para los golpistas y castigo para Jair Bolsonaro. Hay que recordar que expresidente fue expulsado del Ejército en 1986 (solo un año después de que acabase la dictadura militar) por planear atentados con explosivos en unidades militares [para protestar por los bajos sueldos y dificultar la gobernabilidad al primer gobierno democrático]”, recalca Halikan Dias.
Después del asalto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha destituido a más de 80 militares destinados en el palacio donde despacha y está la residencia presidencial. Sospecha que son infiltrados bolsonaristas más leales a su predecesor que a la República.
Además la Justicia brasileña dictó prisión preventiva indefinida para 942 seguidores de Bolsonaro tras el intento de golpe. Otras 464 personas fueron puestas en libertad provisional con medidas cautelares días después de su detención.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre De Moraes indicó que los inculpados debían ingresar en prisión preventiva por su participación en “actos de terrorismo” y “destrucción de predios públicos”. Deben responder por “asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”. Delitos muy graves que pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión.
Tras la reunión de Lula con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y los gobernadores de los 27 estados de la República, en la noche del día 9 de enero, todas las instituciones mostraron, al unísono, el rechazo a los actos vandálicos y al golpe de Estado.
“Afirmaron lo obvio: Brasil respetará la legítima voluntad de las urnas. Sin embargo, después de aquel 8 de enero, ya no quedan ilusiones. No habrá tregua para el Gobierno. Sabemos que los golpistas, financiados por la agroindustria destructora de la naturaleza, por sectores del empresariado y respaldados por una parte importante de las fuerzas armadas, estarán al acecho esperando el momento para atacar. Nos toca a nosotros ser resistentes, fortaleciendo sindicatos, movimientos sociales y ocupando las calles. El 8 de enero fue una señal de que la extrema derecha no está jugando. Pero nosotros tampoco. ¡Lucha, siempre!”, concluye combativa la abogada brasileña.
Los cambios de Lula en 40 días
La impronta del líder del Partido de los Trabajadores se ha dejado sentir desde el primer día de su mandato. En unas semanas se han emprendido una batería de acciones, en todos los ámbitos, destinadas a derogar la política ultraderechista de su antecesor:
Sanidad: Se ha revocado una ordenanza que obligaba a los médicos a denunciar los casos de aborto.
Educación: también se ha anulado el decreto de Bolsonaro que favorecía la creación de clases especiales para personas con discapacidad. Fue muy criticado porque suponía en la práctica la segregación de estos menores.
Salvar el Amazonas
Medio ambiente: otra medida del anterior presidente que ha quedado derogada es la que permitía la tala indiscriminada de árboles en tierras indígenas. Se han adoptado controles contra la minería ilegal, alentada en la etapa bolsonarista, y se han recuperado políticas contra la desforestación del Amazonas.
crisis humanitaria. Foto: Creative Commons.
Esto ha supuesto la reactivación del Fondo Amazonía, creado en 2008 como medida de cooperación internacional para luchar contra los gases de efecto invernadero y proteger la selva brasileña. El desprecio de Bolsonaro a las medidas ambientalistas hizo que el fondo (que aún dispone de más de 574 millones de euros) haya estado paralizado desde 2019. El 4 de enero, Noruega, principal donante, ya informó a Brasil de que era libre de gastar los 30 millones de euros aportados por el país nórdico. Alemania anunció el envío de otros 35 millones de euros.
Seguridad pública: el primer día, el nuevo Gobierno revocó leyes que favorecían el acceso a armas y municiones. Un intento de frenar la violencia en el país con el mayor número de homicidios brutos al año. En 2020 se registraron 40.969 muertes violentas en Brasil, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Economía: también las primeras 24 horas, Lula dio orden de paralizar los procesos de privatización de ocho empresas brasileñas, entre ellas Correos o Petrobras, la petrolera que aún es de titularidad semipública.
Medidas sociales: se ha creado un grupo de trabajo para apoyar a los niños que quedaron huérfanos a causa de la pandemia. Se calcula que 41.000 menores perdieron a sus madres, según la fundación local Oswaldo Cruz.
Genocidio contra los Yanomami
Población indígena. Lula ha decretado medidas de emergencia frente a la crisis humanitaria, que sufre la tribu de los Yanomamis y ha cesado a medio centenar de mandos de áreas indígenas. En los últimos cuatro años han muerto 570 niños por desnutrición y causas evitables. El territorio de esta tribu –en el estado amazónico de Roraima–, es el mayor del país y sufre el acoso de la minería ilegal que contamina con mercurio su agua y tala sus árboles. Tras su visita a la zona, en cuenta oficial Lula calificó la situación de “genocidio” y “crimen premeditado de un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”, en directa alusión a Bolsonaro.
Además, el nuevo Ejecutivo ha restaurado el Ministerio de Cultura, eliminado por Bolsonaro, y ha revitalizado las relaciones internacionales de Brasil otros países. Como apoyo a la transparencia se han anulado leyes que establecían el secretismo, de hasta cien años, sobre cuestiones relacionadas con el expresidente y su gabinete; gastos de la visa presidencial o de los viajes de la exprimera dama, Michelle Bolsonaro.
Otra medida, adoptada para apoyar la libertad de prensa, amenazada en la anterior legislatura, ha sido la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas. En 2019, los ataques a informadores –incluyendo asesinatos, agresiones y amenzas– aumentaron en un 54,7 por ciento respecto al año anterior. El propio Bolsonaro fue artífice de muchos de estos ataques e insultos a la prensa.
