El Senado ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal con la que se elimina el delito de sedición y se introducen cambios en el de malversación cuando no haya ánimo de lucro personal. Con un total de 140 votos a favor (PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca), 118 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y dos parlamentarios independientes) y las abstenciones de Más Madrid, Compromís y Geroa Bai, el texto queda listo para su publicación en el BOE.
Esta polémica reforma, tanto por el procedimiento elegido por el Gobierno para su aprobación como por el contenido de la misma, ha sido la protagonista de un hecho insólito. El lunes 19 de diciembre el Tribunal Constitucional decidió eliminar las dos enmiendas que afectaban a su renovación, impidiendo su discusión en el debate final. Por primera vez en la historia de la democracia española, el TC se ha pronunciado antes de la aprobación de una ley.
A pesar de que el Senado presentó un recurso de súplica al TC, para debatir la reforma íntegramente alegando una “perturbación de la máxima gravedad” en el Legislativo, los magistrados se han reafirmado en su posición y las enmiendas no han formado parte del debate. Con esta decisión del TC ha sido especialmente crítico Iñigo Errejón. El líder de Más País, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha lamentado que el TC haya perdido “la última oportunidad que tenía para ser sensato y cumplir la ley”, para terminar sentenciando: “Han demostrado que se comportan como diputados del PP, que les dan igual las razones legales y solo atienden a las razones políticas del partido que les ha puesto ahí”.
Por su parte, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, ha calificado de “golpe judicial” la actuación del TC. Cuestionado sobre una futura iniciativa para modificar la ley del tribunal de garantías, el diputado de la formación morada ha señalado que hay hacer “el mejor texto posible” que no dé “ni una excusa” para poder renovar a los jueces “atrincherados”. Asimismo, ha insistido en que esta reforma ha de acompañarse de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para acabar con la “minoría del PP” que lleva ejerciendo el bloqueo casi cuatro años.
Debate en el senado
El debate final y la votación se han desarrollado con la crispación que ha acompañado a la nueva norma durante toda su tramitación. El portavoz en el Senado del PP, Javier Maroto, ha acusado a Pedro Sánchez de mentir a sus electores. “Sánchez ya sabe que se puede quedar en La Moncloa habiendo traicionado su propia palabra. Él había dicho que nunca indultaría, que nunca rebajaría la corrupción para los golpistas y que nunca habría supresión de la sedición. Ha mentido a todos, a sus votantes, al resto del PSOE. Pero él es así”, ha sentenciado el político conservador. Maroto también ha puesto en valor la actuación de su formación presentando el recurso de amparo en el TC señalando que “aquí ni Ciudadanos, que habla mucho, ni Vox, que también habla mucho, han tenido la habilidad y la rapidez de recurrir esto; si hoy estamos evitando un ataque directo a los órganos constitucionales es porque el PP ha hecho su labor de oposición”.
El senador del PSOE, José María Oleaga, ha expresado que la negativa del PP a renovar el CGPJ incumpliendo la Constitución “rompe con el espíritu de la Transición y acaba con el entendimiento y el diálogo”, además de describir a Alberto Núñez Feijóo como “un boxeador noqueado”, que es incapaz de “aceptar lo que dicen las urnas”, y que con su actitud ha provocado “una grave afectación del sistema”. El senador socialista también ha defendido que con las medidas aprobadas se trabaja para mejorar la convivencia en Cataluña diciendo que “a pesar de que los ciudadanos tienen dudas, hay que mirar las cosas con perspectiva”. En esta misma línea se ha pronunciado su compañera de bancada, la senadora María Nieves Hernández, que ha acusado al PP de convertir Cataluña en “una fabrica de independentistas”. Además, ha comparado la actuación de ambos partidos diciendo que “nosotros hemos apostado por la vía del diálogo entre compatriotas”, mientras que el PP actúa como “agitadores” y “enfrentan territorios”.
Del resto de intervenciones durante el debate en la Cámara Alta, cabe destacar las declaraciones del senador de Junts, Josep María Cervera, que ha criticado la actuación contra el independentismo diciendo que “para luchar contra el independentismo renunciaron a la política para dejar la respuesta en manos de las togas anaftalinadas, y eso no frena al independentismo sino a la democracia”. En un tono similar se ha pronunciado Mirella Cortés, senadora de ERC, que ha destacado que PSOE y Podemos están viviendo lo mismo que los independentistas en 2017 añadiendo que la derecha “no quiere renunciar al poder” y que “llevan el golpe de Estado en su currículum”.
“Con la derogación de la sedición, España se queda más desprotegida contra las amenazas contra su unidad”, ha espetado José Manuel Marín, senador de Vox, que también ha acusado al presidente del Gobierno de dar un “golpe de Estado para favorecer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa”. Por su parte, la senadora del PNV Estefanía Beltrán ha aseverado que con el fallo del TC “se ha cercenado el derecho de los senadores a debatir y legislar”. Asimismo, ha acusado al PP de ser el culpable de esta situación porque “bloquea la renovación del CGPJ y por ende del TC”, y por usar “espuriamente los tribunales con mandatos caducados” para obtener “lo que no puede conseguir con la política”.
El Congreso aprueba la Ley Trans
El Congreso de los diputados ha aprobado el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La norma, que se debatió este miércoles, ha salido adelante con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones entre las que ha destacado la de la diputada socialista Carmen Calvo, que ha sido muy crítica durante la tramitación de la ley y que por romper la disciplina de voto del PSOE podría enfrentarse a una sanción de 600 euros. La exvicepresidenta ha explicado que está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que no coincide con la postura de las derechas que “no están nunca para proteger a estos colectivos”.
Una de las novedades de este texto es la autodeterminación de género, que implica que las personas que quieran acometer un cambio de sexo ya no necesitarán ser diagnosticadas de disforia de género ni hacer un tratamiento hormonal de dos años de duración. Esta es una de las medidas que más polémica ha generado entre los distintos sectores feministas por las consecuencias que pueda tener sobre los derechos de las mujeres. Con la nueva ley también se prohíben las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación sexual, identidad sexual o la expresión de género, se consolidan derechos laborales, y se garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realice conforme a los principios de no patologización.
El proceso de autodeterminación lo podrán llevar a cabo sin condiciones los mayores de 16 años, se necesitará el la aprobación de los progenitores para las personas de entre 14 y 16 años, y se precisará de una autorización judicial para los menores de entre 12 y 14. La solicitud de cambio de sexo deberá hacerse en el Registro Civil y mediante dos comparecencias, la inicial y una de ratificación en un plazo máximo de tres meses.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido durante el debate las virtudes de la ley, además de agradecer a las personas que “incluso dudando, se han acercado a la realidad de las personas trans y LGTBI desde el respeto y la voluntad de aprender” y que han hecho posible que “esta sea una de las leyes con más respaldo social de toda la legislatura”. La titular de Igualdad ha tenido también palabras para el colectivo asegurando que “los derechos de las personas trans, son Derechos Humanos” y que “las personas trans no sois enfermas, no estáis locas, no sois monstruos ni delincuentes y no necesitáis tutelas ni testigos que os digan quienes sois”.
