El Gobierno ha aprobado este martes el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania tras la celebración del último Consejo de Ministros del año. Las nuevas medidas acordadas entrarán en vigor el día uno de enero y supondrán un montante total de 10.000 millones de euros. Así, desde que comenzara la crisis generada por el conflicto bélico, el Ejecutivo habrá destinado 45.000 millones de euros a “proteger a la clase media y trabajadora y al tejido productivo” tal y como ha declarado Pedro Sánchez en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno ha anunciado las nuevas medidas entre las que destacan las destinadas a reducir el precio de la cesta de la compra. Desde la próxima semana se suprime el IVA de los alimentos considerados de primera necesidad (pan, leche, huevos, hortalizas, frutas, verduras y legumbres entre otros), que pasará del 4% actual al 0%, y se rebajará del 10% al 5% el del aceite y las pastas, dos de los productos que más se han encarecido desde que se iniciara la guerra en Ucrania. Además, se dará una ayuda de 200 euros para las familias con una renta anual que no supere los 27.000 euros y un patrimonio inferior a los 75.000. De esta medida en particular podrán beneficiarse hasta 4,2 millones de familias en nuestro país.
Para hacer frente a la inflación también se han aprobado nuevas medidas en materia de vivienda o prorrogado algunas de las existentes. En este sentido, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 la subida máxima del 2% del precio de los alquileres y se establece una prórroga automática, de seis meses de duración, para los contratos que terminen antes del 30 de junio de 2023 con un incremento máximo de la renta limitado al 2% también.
Además, se amplía durante seis meses más la suspensión de los desahucios y lanzamientos en los hogares más vulnerables, se mantienen el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital y en las pensiones no contributivas, se prohíbe el corte de suministros esenciales y se extiende el bono social durante todo el 2023, se mantiene durante seis meses más la rebaja impositiva aplicada al gas y a la electricidad y se congela el precio de la bombona de butano.
Con el objetivo de reforzar los servicios médicos de atención primaria, se ha creado la jubilación activa mejorada, que va a permitir que los médicos de familia y pediatras en edad de jubilación puedan continuar durante los próximos tres años compatibilizando el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada.
Fin al descuento en los carburantes
El Gobierno elimina la bonificación generalizada al combustible y a partir del día 1 uno de enero ya solo podrán beneficiarse del descuento de los 20 céntimos por litro el colectivo de los profesionales, entre los que se ha incluido a transportistas, agricultores, navieras y pescadores. El descuento para los profesionales será de 20 céntimos hasta finales de marzo, y de abril a junio se reducirá a 10 céntimos por litro.
La desaparición de esta ayuda está motivada por su alto coste, por considerarse regresiva, ya que afecta a todo el mundo por igual independientemente de la renta, y por la bajada del precio de los combustibles, que ahora mismo ronda los 1,6 euros el diésel y los 1,5 la gasolina y que cuando comenzó a aplicarse esta medida alcanzaron unos máximos de 2,1 euros y 2,15 respectivamente. Sin embargo, se mantiene el descuento del 30% en el transporte público en todos aquellos territorios en los que la administración autonómica o municipal complete la rebaja hasta el 50%.
En materia industrial se dotarán 300 millones de euros en ayudas directas a los agricultores para reducir el impacto en sus balances del precio de los fertilizantes; se destinarán 450 millones para el sector de la cerámica además de los 3.100 millones incluidos en el PERTE de descarbonización industrial; y para ayudar a la industria gasintensiva se abrirá una nueva línea ICO de 500 millones de euros.
Balance de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención hablando de la situación económica y social que se ha dado en este año 2022. La “progresiva superación” de la pandemia generada por la COVID-19 y la estrategia de vacunación han sido las primeras actuaciones mencionadas por el líder del Ejecutivo, que también ha valorado las consecuencias “energéticas, económicas, humanitarias, y de seguridad europea y global” generadas por “la guerra de Putin en Ucrania”. En palabras de Sánchez, el Gobierno ha afrontado las complicaciones de este 2022 con “el compromiso de destinar todos los recursos necesarios para proteger a las familias españolas, a nuestras industrias y a nuestras empresas”.
Para paliar los efectos de la guerra, Sánchez ha indicado que desde el principio se mantuvieron dos lineas de trabajo: la europea y la nacional. En el marco comunitario ha querido destacar la postura del Ejecutivo español, para intervenir el mercado energético a través de la solución ibérica, y ha celebrado el reciente acuerdo alcanzado en Bruselas para topar el precio del gas ya que “nos va a permitir navegar con mayor certidumbre en esta tempestad generada por Putin”.
Desde el punto de vista nacional ha recordado que con este último paquete de medidas se han destinado un total de 45.000 millones de euros en ayudas para que las “clases medias y trabajadoras” puedan hacer frente al aumento “del coste de la vida, de la energía y de los alimentos”. Sánchez ha ensalzado la labor del Gobierno de coalición señalando que: “Pese a este contexto, y el bloqueo de una oposición instalada en la crispación, el resultado es que tenemos un país con la menor inflación de la eurozona, que disfruta del mayor crecimiento entre los grandes países europeos y de unos niveles de empleo desconocidos desde hace quince años”.
Polémicas de fin de año
También ha tenido tiempo Sánchez para pronunciarse sobre varias de las polémicas que han surgido durante los últimos meses de 2022. En relación a la ley del solo sí es sí y la posibilidad de que se reduzcan penas a condenados por delitos sexuales, el presidente del Gobierno ha insistido en que son los tribunales quienes “a través de la jurisprudencia” tienen que “establecer la correcta aplicación de la ley”. Además no ha dudado en defender la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad, señalando que: “Estamos hablando de una ley que es pionera, que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento y que en consecuencia introduce nuevas penas, un mayor elenco de circunstancias agravantes, incluye medidas de protección para las victimas y lo que hace esta ley es reforzar la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual”.
Sobre la situación en Cataluña y las medidas adoptadas por el Gobierno para “intentar resolver un conflicto político de convivencia”, Sánchez ha trasladado que el Gobierno de coalición ha hecho una “apuesta decidida e inequívoca por el reencuentro, la convivencia y por superar lo que sucedió en 2017”. En relación a la mesa de diálogo establecida con los partidos independentistas ha insistido en que “ha sido una herramienta útil” frente a la postura de “algunos partidos que echan de menos esos tiempos tan tristes y de tanto sufrimiento para el conjunto de la sociedad española”.
Además, ha insistido en que la reforma del delito de malversación homologa nuestro Código Penal al de las principales democracias europeas para añadir que “los conflictos políticos se tienen que sustanciar en el territorio político y no en los juzgados”, afeando la postura del PP de acudir al Tribunal Constitucional para frenar las dos enmiendas que pretendían modificar la renovación del mismo. Cabe destacar que a última hora de este martes los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han designado a los dos magistrados que les corresponde para renovar el TC: César Tolosa, juez del Tribunal Supremo (TS), y María Luisa Segoviano, magistrada jubilada del TS. Así, se pone fin al bloqueo para sustituir a los integrantes del TC con el mandato caducado ya que con esta elección, y la de los dos candidatos designados por el Gobierno (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia Laura Díez), se puede proceder a renovar el tercio que corresponde al Ejecutivo y al CGPJ.
